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Resumen ejecutivo

Introducción: Defender derechos en un país que castiga la esperanza

En la Venezuela de hoy, defender derechos humanos no es un acto de servicio: es un acto de supervivencia. En un país donde las instituciones han sido convertidas en extensiones del poder político, el compromiso con la verdad, la justicia o la libertad puede significar persecución, encarcelamiento o exilio. Las personas defensoras, lejos de ser reconocidas como un pilar de la sociedad democrática, han pasado a ser tratadas como enemigos del Estado.

El Informe “Defender derechos humanos en Venezuela: entre la represión y el exilio (2024–2025)” documenta que la represión no se limita al territorio venezolano, sino que se ha transformado en una política de control social y político que atraviesa las fronteras. En sus propias palabras, “la represión en Venezuela ha adquirido un carácter transnacional, afectando no solo a quienes permanecen dentro del país, sino también a quienes se han visto forzados a abandonarlo”.

Este informe parte de una constatación dolorosa: el Estado venezolano ha hecho del miedo una herramienta de gobierno. Las personas defensoras que continúan en el país viven bajo la amenaza constante de ser objeto de hostigamiento, detención arbitraria o criminalización judicial. Quienes optan por salir —a menudo de manera improvisada y sin garantías legales— lo hacen no por elección, sino por la necesidad de preservar la vida y la libertad.

Una sección del documento lo expresa con claridad: “el exilio, la inhibición y la censura frente a la débil protección internacional son la única garantía para preservar la vida, la integridad y el seguir ejerciendo labores de defensa de derechos humanos”. En esas palabras se condensa el drama humano de una generación de defensores y defensoras que han debido reinventar su vocación desde el destierro.

El exilio no se presenta aquí como un refugio, sino como un territorio de desarraigo, donde el trabajo por los derechos humanos se enfrenta a nuevos obstáculos: la precariedad, la invisibilidad, el desamparo institucional y, en muchos casos, la continuidad de las amenazas a través de redes digitales o de la persecución a familiares que permanecen en Venezuela.

El documento resalta que esta situación constituye una violación grave y sostenida del derecho internacional. Según la CIDH, “la anulación arbitraria de pasaportes y otras formas de represalia han llevado a defensoras y periodistas a abandonar el país por pasos irregulares, ante la imposibilidad de una salida legal”. Este mecanismo, lejos de ser una irregularidad administrativa, representa una política de castigo y control que busca impedir la denuncia internacional y aislar a la sociedad civil venezolana.

A pesar de este panorama desolador, el informe también subraya la persistencia de la esperanza. “Defender derechos humanos en Venezuela sigue siendo, para muchos, un compromiso moral y una forma de resistencia frente a la impunidad estructural”. Las voces que se alzan dentro y fuera del país, aunque fracturadas por la persecución, continúan sosteniendo los hilos de una memoria colectiva que se niega a desaparecer.

El exilio, por tanto, no marca el final del activismo, sino su transformación. La diáspora de defensores venezolanos ha dado lugar a nuevas redes transnacionales que conectan a víctimas, organizaciones y comunidades en resistencia. Desde Bogotá, Ciudad de México, Madrid o Buenos Aires, se tejen alianzas, se documentan casos y se mantienen vivas las demandas de verdad y justicia.

El Informe describe esta persistencia como una “resistencia civil transfronteriza que busca reconstruir desde la distancia los puentes destruidos por la represión”. Esta resistencia no solo es un gesto político: es una afirmación de humanidad.

Nota metodológica

El Informe base de este resumen ejecutivo, fue elaborado mediante la recolección sistemática de información entre 2024 y 2025. Incluye entrevistas a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados y activistas que enfrentaron persecución directa o que se vieron forzados al exilio. Las entrevistas fueron realizadas bajo protocolos de confidencialidad y seguridad, garantizando el anonimato de las fuentes para proteger su integridad.

El análisis se complementó con informes de organismos internacionales —entre ellos la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH y la RELE—, así como con reportes de redes nacionales de monitoreo y organizaciones aliadas. Las citas textuales reproducidas en este documento provienen directamente del Informe PDDH.E y conservan su redacción original, con leves ajustes de puntuación para mayor claridad.

Este enfoque combina el rigor analítico con la centralidad de la experiencia humana. Como señala el propio documento, “la voz de las víctimas y de quienes las acompañan constituye una forma de conocimiento y una herramienta indispensable para comprender la magnitud de la crisis venezolana”. Desde esa premisa ética y metodológica se estructura este resumen: como un ejercicio de verdad, memoria y denuncia.

Del miedo al destierro: cómo se fabrica el exilio

Entre 2020 y octubre de 2025, al menos 69 personas defensoras de derechos humanos se han visto forzadas a migrar desde Venezuela como resultado de un entorno de represión progresiva y sostenida. Esta cifra es un subregistro del número real, dado que por tener familiares dentro del país, muchos activistas no informan sobre su salida del territorio. Este fenómeno se ha intensificado particularmente en los periodos electorales.

El exilio venezolano no es un fenómeno espontáneo. Es la consecuencia directa de un modelo de represión sostenido, que utiliza el miedo, la judicialización y la violencia institucional como armas para expulsar la disidencia. El Informe PDDH.E lo explica sin ambigüedades: “el Estado venezolano mantiene una política de control social sustentada en la criminalización de la protesta, la vigilancia de la sociedad civil y el uso arbitrario del sistema judicial para castigar la organización ciudadana”.

Esta maquinaria se despliega de manera gradual. Comienza con la estigmatización pública: campañas mediáticas que señalan a las ONG como “agentes extranjeros” o “instrumentos del imperialismo”. Continúa con hostigamiento institucional: citaciones judiciales, inspecciones arbitrarias, confiscación de equipos y congelamiento de cuentas. Finalmente, se convierte en represión directa: detenciones sin orden, desapariciones temporales, tortura y amenazas contra familiares.

El informe describe este proceso como un ciclo de terror planificado: “La criminalización del trabajo de defensa de derechos humanos ha alcanzado niveles inéditos. Los defensores son objeto de seguimientos, detenciones arbitrarias y procesos judiciales sin garantías, lo que genera un estado de temor generalizado que inhibe la acción cívica”.

Una de las prácticas más alarmantes es la anulación arbitraria de pasaportes. Este mecanismo, utilizado por el Estado como forma de castigo, impide la salida del país o bloquea el retorno de quienes ya se encuentran fuera. El informe lo identifica como una forma de represión transnacional: “Desde 2024, la anulación de pasaportes se ha convertido en un patrón dirigido a periodistas, defensores y sus familiares. La medida busca restringir la movilidad y el acceso a mecanismos internacionales de protección”.

Esta política no solo afecta a los defensores más visibles. También alcanza a sus allegados, en una práctica que el informe califica como sippenhaft —culpabilidad por asociación—. “La persecución no se limita a la persona defensora: incluye a sus familiares, amigos y colaboradores, que son objeto de detenciones, interrogatorios o represalias laborales”. Así, el miedo se extiende más allá del individuo, colonizando la vida cotidiana de sus entornos.

El resultado de este entramado es el desplazamiento forzado. El informe señala que el exilio se ha convertido en “la última medida de protección disponible ante la inexistencia de garantías judiciales y la falta de respuesta internacional”. En la práctica, esto significa que salir del país no es una elección libre, sino una estrategia de supervivencia.

Las rutas del exilio son tan precarias como previsibles. Muchos cruzan por pasos irregulares hacia Colombia o Brasil; otros logran salir por vía aérea antes de que sus pasaportes sean anulados. En todos los casos, el momento de la partida está marcado por la urgencia. “Los testimonios recogidos reflejan que la mayoría de las personas defensoras salieron del país sin planificación previa, con escasos recursos y en condiciones de riesgo”.

El miedo, sin embargo, no termina en la frontera. Como advierte el informe, “el hostigamiento y las amenazas continúan en el exilio, mediante campañas digitales de descrédito y ataques a familiares que permanecen en el país”. La represión se ha globalizado.

En su conjunto, esta primera etapa del análisis permite entender el exilio no como una consecuencia marginal, sino como una herramienta estructural del autoritarismo venezolano. Forzar la salida de quienes documentan, denuncian y acompañan a las víctimas es una forma eficaz de silenciar el disenso sin recurrir al encarcelamiento masivo. Es una represión que se disfraza de fuga voluntaria.

Personas defensoras de derechos humanos en el exilio (2020–2025)

Entre 2020 y octubre de 2025, el contexto venezolano ha consolidado un fenómeno de desplazamiento forzado sin precedentes: la diáspora de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, abogados, activistas comunitarios y humanitarios que, ante el incremento de la persecución estatal, se han visto obligados a abandonar el país como estrategia de supervivencia. Este capítulo documenta la salida de al menos 69 personas defensoras, cuyos casos evidencian un patrón sistemático, sostenido y planificado de represión contra quienes ejercen la defensa pacífica de los derechos fundamentales.

La información analizada confirma que el exilio forzado de personas defensoras no responde a decisiones voluntarias, sino a una política de Estado orientada a neutralizar la acción cívica independiente. Dicha política combina el uso arbitrario del derecho penal —con imputaciones de terrorismo, traición a la patria y conspiración—, la criminalización del activismo social, la intimidación familiar, el hostigamiento judicial, las desapariciones forzadas temporales y la anulación o confiscación arbitraria de pasaportes, medidas que constituyen formas de persecución política prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Incremento del exilio forzado tras el proceso electoral de 2024

Durante el primer semestre de 2024, el monitoreo de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento registró 7 casos de defensoras y defensores que abandonaron el país, en su mayoría mujeres defensoras vinculadas a derechos civiles y políticos, libertad de expresión y acompañamiento a víctimas de detención arbitraria. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el patrón se agudizó de forma abrupta: 28 personas defensoras migraron forzadamente en el segundo semestre, abarcando una diversidad de agendas —derechos LGBTIQ+, anticorrupción, libertad de expresión, derechos de las personas privadas de libertad y acompañamiento humanitario—.

El informe vincula directamente esta ola de desplazamientos con el operativo de represión postelectoral, documentado por la CIDH, la FFM-ONU y el ACNUDH, caracterizado por detenciones masivas, allanamientos, vigilancia y el uso de la llamada Operación Tun Tun como método de terror psicológico y persecución selectiva.

Casos emblemáticos de persecución y desplazamiento

Entre los casos documentados, el informe resalta las situaciones de Yendri Velásquez y Luis Peche, que ejemplifican las nuevas formas de represión dirigidas contra activistas sociales y comunitarios.

Yendri Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, fue detenido brevemente el 3 de agosto de 2024, y su pasaporte fue confiscado y anulado. Su caso forma parte del patrón de represalias contra defensores de derechos de la diversidad sexual, señalados en medios oficiales como “agentes de agendas extranjeras”. Tras recibir amenazas y vigilancia constante, Velásquez debió huir por pasos irregulares hacia Colombia, donde solicitó protección. Su testimonio, recogido en el informe, expresa: “Ser visible en Venezuela es suficiente para convertirte en objetivo del Estado; defender derechos se volvió un acto de supervivencia”.

Luis Peche, activista social y defensor de derechos laborales en el estado Bolívar, enfrentó allanamientos y amenazas tras denunciar irregularidades en empresas básicas. En 2024 fue incluido informalmente en una lista de “sospechosos” vinculados a la protesta sindical y fue objeto de vigilancia constante. Tras recibir advertencias de detención, cruzó la frontera con Colombia en condiciones de alto riesgo. En su declaración afirma: “Uno no se exilia para buscar comodidad, sino para seguir vivo”.

Ambos casos reflejan un patrón de hostigamiento previo al exilio, con vigilancia, criminalización y cancelación arbitraria de documentos, práctica que la CIDH ha calificado como un mecanismo de terror de Estado destinado a impedir la movilidad y quebrar las redes de incidencia en el exterior.

El exilio venezolano de defensores: destino y vulnerabilidad

El informe identifica a Colombia como el principal país receptor, concentrando cerca del 45% de los casos documentados de exilio de personas defensoras. Le siguen México, España, Chile, Argentina y Perú. Sin embargo, incluso en contextos donde existen programas de protección, las personas defensoras venezolanas enfrentan enormes barreras para acceder a mecanismos de reconocimiento y apoyo.

En el caso colombiano, a pesar de la existencia del Programa de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, la mayoría de los exiliados venezolanos no logra ser incorporada por falta de documentación válida o estatus migratorio regular. Las condiciones de vida son precarias, con dificultades para acceder a empleo, vivienda o atención psicosocial. Además, varios casos reportan amenazas o vigilancia transfronteriza, especialmente en las zonas fronterizas de Cúcuta, Maicao y Arauca.

En otros países, como México y Chile, las redes de sociedad civil venezolana han intentado establecer mecanismos de apoyo informal, centrados en el acompañamiento psicoemocional y la reconstrucción de capacidades de incidencia. Sin embargo, la ausencia de mecanismos regionales específicos para personas defensoras en exilio deja a muchos en un limbo de desprotección.

Impactos estructurales sobre el espacio cívico venezolano

El desplazamiento forzado de personas defensoras ha generado un vaciamiento interno de capacidades dentro del país. Muchas organizaciones han perdido a sus principales vocerías, coordinadores y equipos técnicos, debilitando la capacidad nacional de documentación, litigio y acompañamiento a víctimas.

El informe advierte que este fenómeno afecta la continuidad de proyectos de justicia, memoria y participación ciudadana, y crea una fractura en el tejido social. Sin embargo, al mismo tiempo, la diáspora ha impulsado la reconfiguración de redes transnacionales de sociedad civil, que desde el exilio han mantenido viva la denuncia ante organismos internacionales, la visibilidad de las víctimas y la defensa de la verdad.

El texto define este proceso como una “diáspora del coraje civil”, donde las y los defensores venezolanos continúan su labor en condiciones adversas, demostrando resiliencia y compromiso ético a pesar de la dispersión forzada.

Recomendaciones

A la Comunidad Internacional

1. Reforzar los mecanismos internacionales de protección: La continuidad y fortalecimiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) es fundamental. Su labor ha sido decisiva para documentar crímenes de lesa humanidad y establecer responsabilidades individuales. La comunidad internacional debe garantizar su financiamiento sostenido, independencia técnica y acceso pleno a fuentes, víctimas y documentación, evitando cualquier intento del gobierno venezolano de condicionar su mandato.
2. Restablecer la presencia plena del ACNUDH en Venezuela: Se recomienda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) restablezca operaciones presenciales con un mandato robusto y sin restricciones geográficas ni temáticas. El retorno de esta oficina debe asegurar visitas a centros de detención, entrevistas con víctimas y monitoreo libre del espacio cívico. La cooperación técnica debe ir acompañada de una observación política firme.
3. Implementar mecanismos de protección para defensores exiliados: Es urgente que los países de acogida adopten programas regionales de refugio y asistencia específicos para personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas perseguidos. Estos programas deben contemplar protección temporal, asesoría legal, atención psicosocial y facilidades para la inserción laboral, reconociendo el exilio como una consecuencia directa de la persecución política.
4. Reconocer el exilio forzado como forma de persecución: La diáspora venezolana de personas defensoras requiere un reconocimiento jurídico claro. Los Estados y organismos internacionales deben reconocer el desplazamiento forzado por motivos de defensa de derechos humanos como una forma de persecución política, garantizando la aplicación del principio de no devolución y la inclusión de esta categoría en marcos de asilo y refugio.
5. Fortalecer la coordinación entre ONU, OEA y Corte Penal Internacional: Se propone articular una mesa permanente de cooperación técnica e intercambio de información entre el ACNUDH, la CIDH y la Fiscalía de la CPI. Esta coordinación debe evitar la dispersión de esfuerzos y consolidar una estrategia integral de justicia internacional para Venezuela, centrada en la persecución penal de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
6. Promover sanciones selectivas con enfoque de derechos humanos: Los Estados democráticos deben aplicar sanciones individuales y selectivas contra altos funcionarios y mandos responsables de graves violaciones, sin afectar al conjunto de la población venezolana. Estas medidas deben estar acompañadas de mecanismos de seguimiento y coordinación con víctimas, para asegurar que contribuyan efectivamente a la rendición de cuentas.
7. Apoyar el litigio estratégico y la documentación internacional: La comunidad internacional debe financiar y acompañar esfuerzos de litigio estratégico ante organismos internacionales, así como iniciativas de documentación y archivo de violaciones. El respaldo técnico y económico a organizaciones venezolanas resulta clave para preservar evidencia y asegurar la participación de las víctimas en procesos de justicia.
8. Proteger la cooperación internacional legítima: Debe rechazarse toda legislación venezolana que criminalice la cooperación internacional o el financiamiento externo a ONG. Los organismos multilaterales y los países cooperantes deben desarrollar canales alternos y seguros de apoyo financiero, priorizando la protección de las personas defensoras y la transparencia sin imponer trabas burocráticas desproporcionadas.
9. Garantizar visibilidad y participación del exilio democrático: Las plataformas internacionales deben incorporar activamente a personas defensoras exiliadas y a la sociedad civil de la diáspora en sus espacios de incidencia, audiencias y consultas. Su experiencia es esencial para reconstruir la institucionalidad democrática y dar continuidad a la memoria de la represión y la resistencia civil.
10. Preparar un marco internacional para la justicia transicional: Los organismos multilaterales y países aliados deben comenzar a diseñar un marco de cooperación para la justicia transicional venezolana, incluyendo una Comisión Internacional de Verdad, un fondo de reparación a víctimas y mecanismos híbridos de justicia. El acompañamiento internacional será crucial para garantizar independencia y legitimidad en el proceso de reconstrucción institucional.

Recomendaciones para un Futuro Gobierno Democrático en Venezuela

1. Reconocer y proteger el valor de la defensa de derechos humanos: El nuevo gobierno democrático debe reconocer públicamente el papel de las personas defensoras como pilares de la reconstrucción nacional. Se recomienda institucionalizar el Día Nacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (9 de diciembre) y establecer campañas educativas que reivindiquen su contribución histórica a la democracia.
2. Derogar la legislación represiva vigente: El Estado debe revocar de inmediato las normas utilizadas para criminalizar la sociedad civil, entre ellas la Ley de Fiscalización de ONG, la Ley contra el Odio y disposiciones antiterroristas aplicadas arbitrariamente. Esta derogación es una condición esencial para restablecer la libertad de asociación, expresión y participación política.
3. Reformar el sistema de justicia y garantizar su independencia: Una prioridad inmediata es la reforma estructural del poder judicial y del Ministerio Público. Se deben eliminar los tribunales especiales con competencia en “terrorismo” y garantizar la independencia funcional de jueces y fiscales. Todo proceso penal contra personas defensoras debe ser revisado y anulado por violación del debido proceso.
4. Liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente: El futuro gobierno debe establecer una Comisión Especial de Revisión de Casos de Persecución Política, con participación de organizaciones de derechos humanos, para liberar de manera inmediata a las personas injustamente encarceladas por razones políticas o de conciencia, y garantizar su reparación integral.
5. Crear un Programa Nacional de Protección Integral a Personas Defensoras: Inspirado en las experiencias de México y Colombia, este programa debe incluir evaluación de riesgo, medidas de protección física, asistencia psicosocial y atención legal. Su estructura debe ser participativa, con representación directa de la sociedad civil y enfoque diferenciado de género, diversidad y territorio.
6. Garantizar verdad, justicia y reparación integral: Se recomienda crear una Comisión de la Verdad y Memoria Histórica con mandato para investigar violaciones graves y crímenes de lesa humanidad. Este mecanismo debe funcionar en coordinación con la sociedad civil, las víctimas y organismos internacionales, asegurando procesos de reparación integral y garantías de no repetición.
7. Restituir derechos y personalidad jurídica de ONG y medios independientes: El gobierno democrático deberá restituir la legalidad y bienes confiscados a organizaciones y medios perseguidos, garantizar su libertad operativa y crear incentivos para el fortalecimiento del tejido asociativo y mediático independiente.
8. Reintegrar a Venezuela al sistema internacional de derechos humanos: El Estado venezolano debe reconocer nuevamente la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cumplir las medidas cautelares vigentes, reanudar la cooperación plena con el ACNUDH y participar activamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con políticas transparentes y verificables.
9. Desarrollar políticas de reparación simbólica y garantías de no repetición: Se propone instituir memoriales, museos de la memoria y programas educativos que reconozcan la labor de las personas defensoras, periodistas y víctimas de la represión. La recuperación de la verdad histórica debe integrarse a la enseñanza cívica y a la cultura democrática.
10. Asegurar la participación de la sociedad civil en la reconstrucción institucional: La transición democrática debe basarse en la cogestión con organizaciones ciudadanas. Las ONG, sindicatos, movimientos comunitarios y redes de exiliados deben tener un rol activo en la redacción de nuevas leyes, en la supervisión de políticas públicas y en la definición de prioridades nacionales, consolidando un modelo de democracia participativa.

Créditos: Este informe fue realizado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.

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