Resumen ejecutivo
El Informe “27J: La normalización fallida. Elecciones municipales y cierre del espacio cívico en Venezuela” cubre el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025, con algunos hechos posteriores, y da continuidad a los informes previos de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento (Libro Negro, Libro Rojo y Libro Gris) los cuales suplen la ausencia de una mirada omnicomprensiva del deterioro democrático y la violación de derechos humanos en el país. El informe documenta cómo los comicios municipales del 27 de julio de 2025, lejos de significar un retorno a la institucionalidad, se constituyeron en un nuevo episodio del simulacro democrático y en una profundización de la emergencia democrática compleja en Venezuela.
Principales hallazgos
Estrategia fallida de normalización institucional:
La convocatoria adelantada a elecciones municipales y parlamentarias para 2026 buscó proyectar una imagen de normalidad. Sin embargo, con un 29% de participación real (calculada sobre el Registro Electoral), el oficialismo obtuvo el 85% de las alcaldías y el 83% de las concejalías, consolidando un esquema de “elecciones sin elegir”.
Narcotráfico como economía estructural:
Según estimaciones de Transparencia Venezuela y UNODC, cerca del 24% de la cocaína mundial transitó por Venezuela en 2023, generando ingresos de más de 8.185 millones de dólares en 2024. Altas autoridades civiles y militares están vinculadas al denominado Cartel de los Soles, lo que convierte al narcotráfico en un pilar del poder político-militar y un factor de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Operativo antidrogas de Estados Unidos en el Caribe:
El despliegue militar ordenado por Washington en agosto de 2025 produjo dos ataques contra embarcaciones venezolanas, con 14 personas muertas. Estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales, al privar a las víctimas de debido proceso. El gobierno venezolano respondió con el Plan Independencia 200, que implica la activación de 284 frentes militares y milicianos, consolidando la militarización de la vida social bajo el pretexto de la defensa nacional.
Crisis migratoria y movilidad humana:
Para mediados de 2025 había 6,87 millones de venezolanos desplazados en 17 países de América Latina. Se documentó un fenómeno inédito de flujo migratorio inverso, con más de 14.000 retornos forzados desde EE.UU. y México hacia el sur, en condiciones precarias. En la Unión Europea, 49.000 solicitudes de asilo en el primer semestre de 2025, pero solo un 0,02% de reconocimiento formal como refugiados, lo que obliga a millones a subsistir con permisos humanitarios renovables con menor capacidad de protección.
Cierre del espacio cívico:
167 violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto de 2025, incluyendo censura, intimidación y 24 detenciones. 18 periodistas detenidos permanecían privados de libertad hasta septiembre de 2025, mientras que 12 defensores de derechos humanos tambi{en se encontraban privados de libertad. Se consolidó el patrón de la semiclandestinidad forzada: partidos, sindicatos y ONG operan bajo hostigamiento y amenazas, sin sedes ni vocerías públicas, tomando precauciones para garantizar la libertad e integridad de sus integrantes.
Detenciones arbitrarias y diplomacia de rehenes:
Entre junio y agosto de 2025 se documentaron 71 detenciones arbitrarias, el 63% de ellas contra militantes de partidos políticos. Para septiembre de 2025, 1.056 presos políticos confirmados, incluyendo 41 extranjeros y 48 binacionales usados como fichas de negociación. Durante el período en estudio cada 48 horas fue detenido un integrante de un partido político en Venezuela.
Desapariciones forzadas de corta duración:
El 45% de las detenciones arbitrarias implicaron desapariciones de corta duración. Se documentaron 110 casos activos para septiembre de 2025. Esta práctica busca quebrar a las víctimas, intimidar a familiares y sembrar miedo colectivo.
Protesta social reprimida por el miedo:
El OVCS registró 1.249 protestas en el primer semestre de 2025, pero con una caída del 48% respecto a 2024. En julio de 2025, mes electoral, la reducción fue del 89% respecto al año anterior. El malestar social persiste, pero la población evita manifestarse por el riesgo de represión violenta.
Conclusiones
Los hechos documentados demuestran que en Venezuela se mantiene una política de Estado de represión sistemática, caracterizada por:
- Simulacro electoral para perpetuar un gobierno de facto.
- Captura del Estado por economías ilícitas.
- Militarización de la sociedad.
- Cierre del espacio cívico y semiclandestinidad impuesta a las organizaciones sociales.
- Uso sistemático de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas como dispositivos de control.
Estos patrones cumplen los criterios establecidos por el derecho internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad.
El informe concluye con un conjunto de recomendaciones al futuro gobierno democrático —centradas en restablecer el Estado de derecho, la justicia transicional y la reapertura del espacio cívico— y a la comunidad internacional, a la que insta a mantener la presión, la protección de las víctimas y el acompañamiento a largo plazo del pueblo venezolano.
Créditos: Este informe fue realizado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.
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