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El despliegue de un operativo antinarcóticos por parte del gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe ha colocado en la discusión pública la participación de funcionarios venezolanos en actividades ilícitas al margen de la ley.
Para Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento la grave erosión de la institucionalidad democrática, sin instituciones contraloras y la total ausencia de independencia de poderes ha generado condiciones para que funcionarios venezolanos, en diferentes niveles de la administración pública, utilizando la institucionalidad estatal y con total impunidad, se involucran en actividades de delincuencia organizada transnacional, corrupción y enriquecimiento ilícito.
Venezuela puede ser un ejemplo modélico de cómo el desmontaje de la democracia genera un contexto político, económico y social favorable, no sólo para los abusos de poder contra la dignidad humana, sino también para que los funcionarios participen en hechos de corrupción, actividades ilícitas, lavado de dinero y en los flujos financieros ilícitos transfronterizos.
La corrupción estructural como patrón sistemático; la captura del Estado en la manipulación de la institucionalidad, las leyes y las políticas públicas para beneficios personales y sometimiento de la sociedad; el uso patrimonial del Estado administrado como propiedad privada de quienes detentan el poder; La intrincada red clientelar político, económicas y administrativas para el lucro ilícito; y la institucionalización de la malversación de forma sistemática ha devenido en una Emergencia Humanitaria Compleja ocasionado pérdida de vidas; la dependencia y la violencia contra grupos altamente vulnerables; y la migración forzada por razones sobrevivencia.
Las omisiones de la Contraloría, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han exponenciado la impunidad y la institucionalidad de prácticas ilícitas. Ante la ausencia de contrapesos, de cumplimiento de marco normativo e instituciones realmente contraloras de los gobernantes, la población se ha enfrentado al crecimiento exponencial de actuaciones irregulares, sistemáticas, y generalizadas de los funcionarios, en la violación grave a derechos humanos, una política de Terror de Estado evidenciado por órganos internacionales de protección e informes de ONG y trascendido en medios de comunicación.
Muy alarmante es que tras el desconocimiento de la voluntad popular ocurrido el 28J, se ha recrudecido la omisión e impunidad frente a prácticas a extorsión generalizada por parte de funcionarios civiles, policiales y militares. Las redes de extorsión institucional no sólo han aumentado los cobros por trámites y permisos. El contexto de persecución política y Terrorismo de Estado ha sido una oportunidad para que los funcionarios aumenten el cobro de “vacunas”; retengan a personas para exigir dinero y liberarlas; o para retirar la anulación de los pasaportes.
La institucionalización de prácticas al margen del imperio de la ley, se complejizó tras los acuerdos con grupos delincuenciales en zonas denominadas “de Paz” cediendo control territorial y con los líderes negativos, “pranes”, que permitieron a reclusos controlar los recintos penitenciarios, transformándolos en epicentros de acción de bandas criminales que, en coalición con funcionarios policiales y militares, han cometido delitos gravísimos como extorsión, secuestros y homicidios. Estos modos de operación exitosos a lo interno del país han sido replicados lejos de nuestras fronteras: Controlar los flujos migratorios de venezolanos para beneficio personal: el contrabando de combustible, alimentos, fauna y flora; la trata de personas; y el narcotráfico.
En el caso de involucramiento de funcionarios en el tráfico de estupefacientes, un reciente informe de Transparencia Venezuela en el Exilio ha señalado que, para el año 2024, casi el 24% de la producción mundial de cocaína transitaba por Venezuela, generando ingresos para quienes permitían el flujo de USD 8.236 millones. Esto ha generado una situación inédita en la región: Los narcotraficantes no permean la estructura del Estado; desde puestos de poder los funcionarios se han incorporado a las redes globales del narcotráfico. Ante la ausencia de legitimidad, las autoridades venezolanas se han transformado en una estructura criminal y violadora de DDHH que controla territorio.
El citado Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC, ha reconocido que se basa en un cuestionario enviado a los Estados sobre su labor para el cumplimiento de control, prevención, erradicación de la producción, distribución de todas las formas y prácticas vinculadas al narcotráfico y la delincuencia organizada:” “Todo el análisis contenido en el Informe Mundial sobre las Drogas se basa en los datos oficiales presentados por los Estados Miembros a la UNODC a través del cuestionario anual de informe”. En Venezuela, no hay forma de verificar la información suministrada por los funcionarios y la institucionalidad estatal que suministra dicha información.
Específicamente en el caso del operativo antinarcótico en el Mar Caribe queremos recordar que Estados Unidos controla varios cientos de miles de KM2 del espacio marítimo en el Caribe, por sus estados federales de territorios no incorporados de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, a los cuales se suman la autorización y cooperación en la operación antidrogas dada por Trinidad y Tobago y Curazao. Entendiendo sus competencias en esos espacios marítimos, y la advertencia dada al Gobierno de Venezuela por la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, que podría autorizar el uso de fuerza letal contra embarcaciones venezolanas no identificadas que entren en sus aguas territoriales, expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de información y reportes de acciones con estándares en derechos humanos que expliquen la destrucción de embarcaciones con civiles, en los que se habrían producido la muerte de al menos 14 personas.
Como organizaciones comprometidas con la vida y la dignidad humana, desde la perspectiva de los derechos humanos, toda acción de combate al crimen organizado debe respetar el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida, asegurando que las personas acusadas de delitos comparezcan ante tribunales imparciales, con debido proceso respetando las garantías judiciales y no sean ejecutadas sumariamente en el mar. Esta actuación puede convertirse en un grave precedente para toda la región.
Frente a este panorama, reiteramos que la única vía sostenible para frenar la expansión del delito, las actividades ilícitas, la violencia en Venezuela y transnacional requiere la restauración de la institucionalidad democrática, la independencia de los poderes públicos y el respeto pleno al Estado de derecho. Mientras los órganos de control, investigación y justicia permanezcan cooptados, la impunidad seguirá alimentando el Terror de Estado, la persecución por razones políticas, los Crímenes de Lesa Humanidad, la migración forzada, la corrupción, el narcotráfico y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Ante la gravedad de la situación, es urgente que la comunidad internacional asuma un rol activo frente a un Estado que combina la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad, la participación de altos funcionarios en redes de narcotráfico y el uso del chantaje diplomático como mecanismo de presión internacional.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a:
- Promover la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional. Establecer mecanismos de cooperación efectivos entre Estados vecinos para contener las redes de narcotráfico transnacional y trata de personas vinculadas a las élites estatales.
- Reducir el margen de maniobra internacional con chantajes internacionales, o la Diplomacia de rehenes, condenando en alianza de países y públicamente estas prácticas.
- Mantener la atención sobre Venezuela, exigir el respeto a la soberanía popular, el liderazgo legítimo electo y la transición pacífica a la democracia señalando las responsabilidades individuales y colectivas, y respaldar a las víctimas que, hoy más que nunca, se encuentran desamparadas frente a un Estado convertido en perpetrador.
- Activar mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas.
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento es una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.
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