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Desde nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la justicia en Venezuela, denunciamos con preocupación las recientes maniobras del poder para utilizar las excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática.

En las últimas semanas se han registrado excarcelaciones condicionadas, negociadas a espaldas de la mayoría de las víctimas y sus familiares, con el objetivo de favorecer a sectores políticos afines o funcionales al gobierno. Esta práctica no es nueva, pero se agrava cuando se presenta como un gesto humanitario, de diálogo o de reconciliación, mientras en realidad busca redefinir quiénes pueden ser considerados como interlocutores o actores políticos válidos dentro del país y ante la comunidad internacional, sin contar con el apoyo de la población.

Las excarcelaciones recientes en Venezuela no han respondido a un proceso transparente ni a criterios de justicia, de salud, humanitarios, de reparación ni de respeto al debido proceso. Por el contrario, se han producido bajo lógicas de canje político, tratando de desplazar a los sectores democráticos que han exigido un cambio real y el fin de la dictadura, y promoviendo a figuras que no representan el mandato ciudadano ni la lucha por la libertad.

En estos momentos los voceros políticos que se adjudican las recientes excarcelaciones han ganado relevancia porque pertenecen a organizaciones partidistas permitidas por el poder, y que hasta el reciente canje de rehenes se habían excluido del proceso de movilización y denuncia por la liberación de presos políticos en el país. Incluso han recibido del CNE la adjudicación de curules para cargos inconstitucionales como la diputaciones por lista nacional, y esa adjudicación se ha realizado sin haber obtenido los votos necesarios, lo que representa una suma de irregularidades y de acuerdos con un gobierno ilegítimo y la estocada final a las garantías electorales para la participación de la población.

Denunciamos, además, que esta práctica forma parte de lo que hemos identificado como una diplomacia de rehenes: se administra la libertad de personas inocentes, venezolanas o extranjeras, como moneda de cambio para obtener beneficios políticos o reconocimiento internacional, usando el sufrimiento humano como instrumento de control.

Nos preocupa especialmente que en este nuevo reparto de poder, algunos actores están asumiendo el rol de mediadores sin legitimidad, generando falsas expectativas, visitando centros de reclusión sin un mandato claro y, en algunos casos, incluso ejerciendo presión sobre familiares para sugerir que participen en dinámicas humillantes o manipuladas. Esto no solo vulnera la dignidad de las víctimas y suma a la narrativa criminalizadora de la disidencia, sino que además contribuye a normalizar una lógica perversa: la de premiar el silencio y castigar la denuncia.

Recordamos que la libertad no puede ser parcial ni selectiva. Cualquier acuerdo serio debe incluir la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, sin discriminación por afiliación, liderazgo o exigencia democrática. Cualquier otra fórmula es injusta, revictimiza y prolonga el uso del encarcelamiento como forma de persecución contra los disidentes.

Somos conscientes de la dimensión del horror que sufren los prisioneros políticos por lo que en concordancia con nuestros principios valoramos cualquier esfuerzo para liberarlos de las atrocidades a las que son sometidos en los recintos carcelarios y centros de torturas, pero estos esfuerzos deben hacerse con perspectiva de derechos humanos, escuchando a los familiares y defensores que rigurosamente pueden sustentar los criterios de urgencia que deben considerarse, para evitar así una selección conveniente de fichas de canje entre interlocutores alineados con el interés común de mantener prisioneros de diferentes perfiles a quienes otorgar un determinado valor para negociar cuotas de poder.

Hasta tanto la comunidad nacional e internacional no entienda este juego perverso de intercambio que solo ofrece beneficios a quienes ostentan el poder en Venezuela y a los autoproclamados dirigentes políticos de oposición, continuará esta macabra estrategia de cosificación de seres humanos y se mantendrá el conteo de excarcelaciones que siempre son superadas por nuevos ingresos a las cárceles del horror en Venezuela. Es urgente que en los procesos de negociación se establezcan compromisos tangibles respecto al cese de la persecución por razones políticas y cuyo cumplimiento condicione las acciones de todos los involucrados.

Exhortamos a las misiones diplomáticas presentes en el país, a las cancillerías democráticas y a los organismos internacionales a no convalidar este juego de espejos. Escuchar solo a quienes el poder autoriza no es “diálogo”: es complicidad con un modelo de control que pisotea derechos, manipula voluntades y secuestra la representación política. Cualquier estrategia para lograr la liberación de personas inocentes debe contar con la participación y aprobación de los propios afectados, las víctimas y sus familiares, sin estar sometidos a chantajes.

En momentos como este, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la libertad y la dignidad de todas las personas injustamente detenidas. No olvidamos a quienes aún están tras las rejas. Y no aceptamos que la represión se administre a cambio de aumentar la inmovilidad y el silencio.

Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento es una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.

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