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A un año de la jornada del 28 de julio de 2024, cuando millones de venezolanos acudieron a las urnas con una esperanza cívica que desbordó obstáculos, el país se enfrenta a una nueva cita electoral: los comicios municipales y la llamada consulta juvenil del Poder Comunal, convocados, ambos, para el 27 de julio de 2025. Este evento, lejos de restituir la confianza ciudadana, parece confirmar la consolidación de un modelo electoral sin garantías para la participación de la población, donde el derecho al voto se vacía de contenido democrático.
La elección presidencial del 28J representó un hito en la lucha por recuperar la soberanía popular. A pesar de las limitaciones, la ciudadanía se expresó de forma masiva, pacífica y verificable. Más del 85% de las actas de escrutinio recolectadas por la ciudadanía confirmaron una victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la publicación de resultados desagregados, suspendió auditorías post electorales y proclamó a Nicolás Maduro en condiciones de absoluta opacidad y claro desapego al marco legal, desatando una ola represiva con más de 1.800 detenciones y múltiples denuncias de persecución política, que hasta ahora solo se profundizan. Lo que pudo ser la oportunidad para destrabar de manera pacífica y democrática el conflicto venezolano se transformó en un mayor deterioro de la situación de los venezolanos, a través de la represión sistemática sostenida.
El 25 de mayo de 2025 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias y regionales bajo un patrón de opacidad y control más profundo, marcado por nuevos niveles de arbitrariedad y represión. Con convocatorias informales, sin publicación oficial en Gaceta Electoral, ni información sobre las auditorías electorales que presuntamente fueron realizadas, el proceso consolidó la exclusión de partidos opositores, la profundización de la brecha del Registro Electoral, al no convocar a un proceso especial de inscripción y actualización de datos y una oferta política marcada por la judicialización, el diseño de alianzas a la medida del oficialismo y la creación de partidos políticos express. El evento reflejó no solo un debilitamiento institucional, sino un desprecio frontal por los principios constitucionales que deben regir toda elección.
Ahora, el evento del 27 de julio se plantea como un avance intensificado de la vocación autoritaria del grupo en el poder. Además de las elecciones municipales, se ha convocado una consulta juvenil sin marco normativo claro, cuyo propósito parece ser legitimar una arquitectura de poder paralela y subordinada, agudizando la instrumentalización política de la juventud y la cooptación de la participación comunitaria. Esta simultaneidad entre elecciones locales formales y mecanismos comunales, opacos y sin apego a la Ley, configura una nueva fase de manipulación institucional del sufragio.
Ante este escenario, urge tejer caminos honestos hacia una salida democrática real. La reconstrucción del voto como herramienta de transformación no será automática, pero es posible si se articula con una estrategia sostenida y progresiva de organización ciudadana, exigencia de condiciones, y apoyo internacional. La democracia no se decreta: se construye con instituciones legítimas, garantías plenas y memoria activa. En Venezuela, ese camino comienza por reconocer la soberanía popular expresada el 28J y por no convalidar los eventos electorales del 25 de mayo ni los del 27 de julio.
Frente a las intenciones de consolidación del totalitarismo, el 28J permanece como el acto más auténtico de soberanía popular que ha vivido el país en años recientes, en los que incluso sectores de la tradicional base electoral oficialista se expresaron sobre la necesidad de un cambio. Honrarlo es exigir verdad, justicia y condiciones reales para elegir, es mantenerse firme al lado de las víctimas de desaparición forzada, es mantener viva la esperanza de un cambio que sigue siendo posible mientras sea una aspiración genuina de los venezolanos y las venezolanas que dentro y fuera de sus fronteras desean una Venezuela con democracia que les garantice libertades, respeto a los derechos humanos y justicia. Venezuela votó. Los venezolanos y venezolanas ya eligieron. Lo volverán a hacer solo cuando su decisión sea respetada, su dignidad protegida y su derecho garantizado.
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento es una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.
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