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Desde Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento manifestamos nuestra más profunda y categórica preocupación por la escalada de ataques que se registra en las últimas semanas contra las organizaciones de la sociedad civil (OSC) venezolanas y sus miembros. Estas acciones buscan silenciar voces críticas y desmantelar el tejido social que defiende los derechos humanos en el país, dejando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad sin vías efectivas para alcanzar verdad, justicia y reparación.

Rechazamos enérgicamente las acusaciones sin pruebas emitidas por altas autoridades, el 28 de mayo de 2025, en las que organizaciones de amplia y seria trayectoria en la defensa de derechos humanos en Venezuela (Foro Penal, Provea y Médicos Unidos de Venezuela, entre otras) han sido señaladas de estar vinculadas a supuestos planes «terroristas», incluyendo sedes de embajadas como objetivos. Estas imputaciones, carentes de fundamento, son un claro intento de desprestigiar y neutralizar a quienes documentan las graves violaciones de derechos humanos en en el país y reflejan el patrón de hostigamiento y condena que se viene afianzando en la última década contra la labor y actuación de organizaciones dedicadas a la defensa de dignidades inalienables en el país.

Un andamiaje legal y político para la represión

La arremetida actual no es un hecho aislado, sino la consolidación de un andamiaje legal y un aparato comunicacional diseñado para estigmatizar, reprimir, controlar y mantener en zozobra al espacio cívico. Este plan de exterminio ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos tras los eventos políticos recientes, evidenciado por:

• La aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro en Venezuela en agosto de 2024, publicada en Gaceta Oficial en noviembre de 2024. Esta ley representa una herramienta para la asfixia jurídica y financiera de las OSC.

• La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que otorga amplios poderes al Estado para controlar la economía y las finanzas, con implicaciones directas para la autonomía y el financiamiento de cualquier actor independiente.

Estas normativas, sumadas a prácticas sistemáticas de amenaza, hostigamiento, estigmatización, criminalización y detención arbitraria de defensores y activistas de derechos humanos, configuran un patrón de persecución que busca desarticular por completo el movimiento por las libertades fundamentales y valores universales en el país.

Consecuencias de la erosión democrática

Este progresivo cierre del espacio cívico se ha agudizado en un contexto electoral marcado por la erosión democrática:

• Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 carecieron de las condiciones democráticas mínimas, con exclusión de candidaturas opositoras, ausencia de garantías y falta de observación internacional creíble. La voluntad popular fue desatendida, y las protestas ciudadanas subsiguientes fueron respondidas con una ola inédita de represión y detenciones arbitrarias contra la población civil, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

• Las elecciones regionales del 25 de mayo de 2025 continuaron este patrón, desarrollándose en un clima de temor, desconfianza y represión, lo que llevó a la desmovilización de amplios sectores de la población ante la ausencia de condiciones democráticas reales.

Las víctimas: Doblemente desprotegidas

Este asedio al movimiento de derechos humanos y a sus defensores no solo viola los tratados internacionales que consagran las prerrogativas inherentes a la persona como un derecho fundamental, sino que también implica la revictimización de quienes ya han sufrido graves violaciones.

En un sistema de justicia nacional fallido e instrumentalizado, las OSC y los defensores de derechos humanos son, en la práctica, la única vía disponible para que las víctimas persistan en su búsqueda y demanda por verdad, justicia y reparación ante las violaciones sufridas, y para que sus casos sean documentados y elevados ante mecanismos internacionales de protección y justicia. Al atacar a estas organizaciones, se les despoja de su última esperanza de obtener respuestas y se les condena al silencio y al olvido. Los propios defensores y activistas, a su vez, se convierten en otro tipo de víctimas seleccionadas para este crimen de persecución.

Imperativo democrático: Condenar y actuar

La sociedad civil desempeña un papel irremplazable en cualquier democracia, especialmente en contextos donde las instituciones estatales están debilitadas y los derechos fundamentales se encuentran amenazados. Los intentos de socavar este papel deben ser condenados inequívocamente por la comunidad nacional e internacional. La estigmatización y criminalización de las OSC buscan silenciar la red de voces que denuncian actos de violencia cada vez más desproporcionados contra los derechos y garantías de la población, así como violaciones catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Buscan desviar la atención sobre la profunda crisis política y humanitaria compleja que sigue golpeando al pueblo venezolano.

Es por ello que denunciamos ante Venezuela y el mundo:

• El uso del aparato comunicacional y judicial del Estado para criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y a líderes políticos y sociales.

• El cierre continuo del espacio cívico a través de leyes restrictivas, discursos de odio y acciones represivas.

• El intento de sustituir la responsabilidad institucional, la ineficacia en las políticas públicas y el mantenimiento de la emergencia humanitaria compleja con campañas de odio y desinformación.

• La judicialización y promoción del crimen de persecución hacia cualquier actor de la sociedad civil venezolana que trate de hacer valer su derecho a defender la recuperación de los derechos fundamentales en el país.

Llamado Inquebrantable a la acción y la solidaridad

Las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela no son meras observadoras, son el pulso moral de una nación en crisis. Durante décadas, han defendido los derechos humanos con una valentía inquebrantable, una integridad probada y un compromiso férreo con la verdad, a menudo a un costo personal incalculable. En un contexto donde las instituciones estatales se han debilitado y las fuentes de información son escasas, estas organizaciones se erigen como una de las pocas voces confiables sobre los abusos, las condiciones reales que enfrenta la población y las crecientes necesidades humanitarias. Su labor es insustituible.

Por ello, el mensaje es claro: defender los derechos humanos no es una opción, sino un bien público fundamental que nos beneficia a todos como sociedad.

Apoyar y proteger a la sociedad civil venezolana no es solo un acto de solidaridad, es un imperativo democrático y moral ineludible.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, a los organismos multilaterales y a cada individuo consciente de la justicia, para unirse y pronunciarse en favor a la defensa de los valientes actores que quedan en el territorio nacional. El silencio o la inacción de hoy significará condenar a miles de víctimas a la invisibilidad y a la impunidad, y favorecerá la extinción de la última línea de defensa de la dignidad en Venezuela.

Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento es una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.

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