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A pocas horas del inicio del evento convocado para el domingo 25 de mayo de 2025, las autoridades venezolanas continúan realizando acciones para sembrar miedo y ejercer control sobre la población, que fueron calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “Terrorismo de Estado”. Según divulgó el ministro de interior y justicia, Diosdado Cabello, contabilizó este viernes 23 que se habían realizado 70 privaciones arbitrarias de libertad entre líderes políticos y sociales del país, que incluyen al dirigente Juan Pablo Guanipa y al defensor de derechos humanos Eduardo Torres. Estas detenciones aumentan la desconfianza de importantes sectores de la población en el ejercicio de su derecho al voto y ratifican la reiteración en nuestro país del crimen contra la humanidad de persecución.

El 28 de julio de 2024, con el desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones presidenciales, las autoridades del país decidieron cruzar la última línea para transformarse, totalmente, en un régimen no democrático. Las protestas de los sectores populares contra el fraude, ocurridas el 29 y 30 de julio, fueron respondidas con detenciones masivas indiscriminadas, extorsiones por parte de funcionarios policiales y militares, incremento de la censura a medios de comunicación, la activación de mecanismos de delación a nivel de las comunidades y la aprobación de leyes restrictivas para los derechos de libertad de asociación y reunión. Las detenciones masivas luego dieron paso a las detenciones selectivas, en las que todos los aprehendidos fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y violaciones graves al debido proceso, incluyendo la negativa a recibir hábeas corpus por parte de los tribunales penales y la imposición de abogados públicos impidiendo la designación de abogados de confianza. Venezuela tiene hoy más de mil personas detenidas por razones políticas, siendo el país con mayor cantidad de presos políticos del continente.

Esta situación se mantuvo luego del 10 de enero de 2025 en el que, a pesar de la inexistencia de legitimidad de origen, Nicolás Maduro fue juramentado para un nuevo período presidencial. En este contexto, en que un significativo sector de los partidos políticos y sus dirigentes y militantes se encontraban en situación de clandestinidad, el gobierno de facto convocó a un proceso electoral para el 25 de mayo, desmejorando las débiles condiciones que ya existían para el 28J y manteniendo las políticas que fueron calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “terrorismo de Estado”.

Entre las irregularidades presentes en el proceso de convocatoria a las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo de 2025 se encuentran: La falta de publicación oficial de los eventos; La falta absoluta de información a los electores, ni en sitios web ni en las supuestas aplicaciones de apoyo; Los cambios intempestivos y no oficiales de fechas y condiciones de las actividades, junto a la informalidad de los anuncios; La reducción de los días de auditorías; La no invitación de observadores y colaboradores nacionales e internacionales; La injerencia del Poder Ejecutivo en los anuncios y aclaraciones con respecto a la escogencia de diputados y gobernadores, particularmente en un supuesto “Estado Guayana Esequiba”; La no realización de ningún tipo de auditoría pública al Registro Electoral y la exclusión de Partidos Políticos de las convocatorias a las postulaciones y otras actividades, sin que se sepa cuáles son los partidos que serán habilitados a participar. Estas irregularidades, sumadas a la desconfianza de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de su aval al fraude, han exponenciado el desinterés de amplios sectores de la población en el potencial soberano del derecho al sufragio. Esto se evidenció en la falta de instalación de los diferentes centros electorales y la previsible ausencia de testigos electorales independientes. Como corolario de las irregularidades, se encuentra la elección de autoridades de un territorio que no forma parte de los estados reconocidos por la Constitución, la Guyana Esequiba.

A partir de la segunda quincena de mayo las autoridades han reiniciado un nuevo ciclo de detenciones arbitrarias. Los crímenes investigados por la Corte Penal Internacional (CPI) se continúan ejecutando, a la vista de todos, en tiempo real, y con patrones de violación de mayor preocupación, como la criminalización de ciudadanos extranjeros. La versión oficial asegura que todos estarían involucrados en actividades de terrorismo y de instigación al odio, mientras la política de acoso y persecución de familiares de líderes políticos y sociales se mantiene. Dentro de las personas detenidas se encuentra el líder político Juan Pablo Guanipa y el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Torres. El desconocimiento del sitio de reclusión y su incomunicación aumenta las probabilidades de ser víctimas de malos tratos y torturas.

Exigencias urgentes a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional
Ante la gravedad de los hechos descritos y el colapso de las garantías democráticas en Venezuela, exigimos:

• La liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a Juan Pablo Guanipa, Eduardo Torres y demás líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos detenidos de manera arbitraria.

• El cese inmediato de la política de persecución y hostigamiento, incluyendo la criminalización de familiares, el uso del sistema judicial como mecanismo de castigo, y la práctica de desapariciones forzadas de corta duración.

• La garantía de condiciones democráticas reales, lo que implica el desconocimiento del proceso electoral viciado del 25 de mayo hasta que existan garantías mínimas para el ejercicio del sufragio: sustitución del actual cuerpo directivo del CNE, acceso a información, observación nacional e internacional independiente, auditorías públicas, y habilitación plena de actores políticos.

• La actuación urgente de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, en particular:

• Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) active medidas cautelares e inste a los Estados miembros de la OEA a pronunciarse.

• Que la Corte Penal Internacional (CPI) acelere las investigaciones y emita pronunciamientos que puedan disuadir la continuidad de los crímenes de lesa humanidad.

• Que la comunidad internacional incremente la presión diplomática y política contra el régimen, priorizando la protección de las víctimas y la documentación de los abusos.

Llamado a la sociedad civil venezolana y la ciudadanía en general

En estas horas oscuras, no renunciamos a la verdad ni al derecho a un país libre. Aunque intenten sembrar miedo, la solidaridad, la memoria y la acción colectiva siguen vivas. Documentemos y denunciemos; Acompañemos a las víctimas y sus familiares y elevemos nuestras voces en todos los espacios posibles, dentro y fuera del país.

La historia no termina este 25 de mayo. La lucha por la democracia continúa.

Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento es una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.

Se alienta a su libre difusión Licencia Creative Commons Attribution

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