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Resumen ejecutivo

Este informe, elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, realiza una evaluación exhaustiva sobre el rol de la Defensoría del Pueblo (DP) en Venezuela, institución creada para promover y proteger los derechos humanos pero que, en el contexto actual, ha devenido en un órgano inoperante, silencioso e incluso cómplice ante la grave crisis de derechos humanos en el país.

Justificación y enfoque del informe

Tomando como metáfora a “Argos”, el centinela de cien ojos de la mitología griega, el documento denuncia el letargo institucional de la Defensoría venezolana, que ha cerrado los ojos ante las denuncias de la ciudadanía. El análisis se apoya en una revisión normativa, informes nacionales e internacionales, entrevistas a víctimas y activistas, y una comparación con experiencias regionales, como la del Defensor peruano Jorge Santistevan.
Hallazgos principales

Desnaturalización del mandato constitucional

La DP fue creada en 1999 como parte del Poder Ciudadano para actuar con autonomía frente a los abusos del poder. Sin embargo, durante la gestión de Alfredo Ruiz, designado irregularmente por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ha incumplido de forma sistemática con su mandato legal y forma parte de las instituciones legitimadoras de un gobierno de facto. Se constata una ruptura entre sus atribuciones normativas y su actuación práctica.

Cooptación política y pérdida de independencia

El nombramiento de Ruiz no siguió los procedimientos constitucionales y su gestión ha estado marcada por una subordinación discursiva y operativa al Ejecutivo. Su cercanía con figuras clave del oficialismo y su silencio frente a graves violaciones ha deslegitimado la institución.

Degradación internacional y aislamiento

En 2016, la DP fue degradada de categoría “A” a “B” por la GANHRI, debido a su falta de independencia y eficacia. Esta sanción ha limitado su participación en foros internacionales y es reflejo del retroceso institucional que vive el país en materia de derechos humanos.

Omisión ante crímenes de lesa humanidad

El informe documenta que, durante la gestión de Ruiz, más de 1.100 personas han sido víctimas de tortura y al menos 40 han fallecido por esta causa sin que la Defensoría haya exigido sanción a los responsables. Esta inacción contrasta con la aprobación de la Ley contra la Tortura, en el año 2013, de la cual Alfredo Ruiz fue uno de sus promotores. Tampoco ha actuado de oficio ni dado respuesta a denuncias documentadas por organizaciones como Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón, ni por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Nepotismo y opacidad

La gestión de Alfredo Ruiz ha estado marcada por posibles casos de nepotismo y falta de transparencia, en contravención con la Constitución, la Ley contra la Corrupción y el Código de Ética de los funcionarios públicos. Su esposa ejerce funciones directivas dentro de la misma institución. Desde el año 2021 no se publican los informes anuales de gestión de la institución.

Testimonios directos de víctimas y defensores

El informe recoge relatos de familiares de presos políticos, abogados y activistas, quienes denuncian trabas sistemáticas, negativa a recibir denuncias, amenazas veladas y ausencia de respuesta institucional. Algunos funcionarios regionales muestran voluntad, pero se encuentran atados por una estructura central que obstaculiza la protección a los DDHH.

Contraste con experiencias regionales

El informe contrasta el rol de Alfredo Ruiz con el de Jorge Santistevan de Noriega, quien ejerció como Defensor del Pueblo en Perú durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori en Perú. A pesar del contexto adverso, Santistevan se mantuvo independiente, denunció violaciones y fortaleció la legitimidad institucional, demostrando que es posible ejercer un rol contralor incluso bajo autoritarismo.

Conclusiones centrales

• La Defensoría del Pueblo ha sido vaciada de contenido y significado, y funciona como un apéndice del poder político.
• Su pasividad frente a graves crímenes constituye una forma de violencia institucional y podría derivar en responsabilidades penales o administrativas futuras.
• La actual gestión de la DP ha sido silenciosa frente a las víctimas y ruidosa en defensa del régimen, desnaturalizando por completo su papel constitucional.
• El caso de Alfredo Ruiz simboliza un caso emblemático de la transformación regresiva del defensor de derechos humanos al funcionario legitimador del abuso.

Recomendaciones estratégicas

Para la sociedad civil:

• Documentar la inacción de la DP y denunciar su rol cómplice.
• Educar a la ciudadanía sobre estándares internacionales como los Principios de París.
• Formar alianzas con organismos internacionales para visibilizar la situación.

Para la comunidad internacional:

• Mantener o degradar aún más la calificación de la DP venezolana en organismos como GANHRI.
• Incorporar el desempeño de la DP en los informes y mecanismos de presión diplomática.
• Proteger a víctimas y ONG que documentan sus omisiones.

Para un futuro gobierno democrático:

• Impulsar una reforma profunda de la DP, estableciendo mecanismos de designación independientes, auditorías de gestiones pasadas y sanciones por omisión.
• Reconstruir la confianza ciudadana con transparencia, consulta y reparación simbólica.

Conclusión general:

La reconstrucción democrática de Venezuela pasa por refundar instituciones clave como la Defensoría del Pueblo. Este informe no sólo constituye un documento de denuncia, sino también un insumo clave para la justicia transicional, la memoria institucional y la rendición de cuentas en un futuro proceso de restauración democrática.

REPORT:
THE SLEEPING ARGOS
RESPONSIBILITY OF THE OMBUDSMAN’S OFFICE IN THE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN VENEZUELA

Executive Summary

This report, prepared by Human Rights of Venezuela in Movement, presents an in-depth evaluation of the role of the Ombudsman’s Office (Defensoría del Pueblo, DP) in Venezuela. Although originally created to promote and protect human rights, the institution has become inoperative, silent, and even complicit in the face of the country’s grave human rights crisis.

Justification and Focus of the Report

Using “Argos,” the hundred-eyed sentinel from Greek mythology, as a metaphor, the report denounces the institutional lethargy of the Venezuelan Ombudsman’s Office, which has shut its eyes to citizen complaints. The analysis is based on a review of legal frameworks, national and international reports, interviews with victims and activists, and a comparison with regional experiences, such as that of Peruvian Ombudsman Jorge Santistevan.

Main Findings

Distortion of the Constitutional Mandate

Created in 1999 as part of Citizen Power, the DP was intended to act autonomously against abuses of power. However, under Alfredo Ruiz—irregularly appointed by the National Constituent Assembly (ANC)—the DP has systematically violated its legal mandate and become one of the institutions that legitimize a de facto government. A clear rupture exists between its legal attributions and its practical behavior.

Political Co-optation and Loss of Independence

Ruiz’s appointment did not follow constitutional procedures. His tenure has been characterized by operational and discursive subordination to the Executive. His close ties to key regime figures and silence in the face of serious abuses have delegitimized the institution.

International Degradation and Isolation

In 2016, GANHRI downgraded Venezuela’s DP from “A” to “B” status due to lack of independence and effectiveness. This sanction limited the DP’s participation in international forums and reflects the country’s broader human rights backsliding.

Inaction in the Face of Crimes Against Humanity

The report documents that during Ruiz’s tenure, over 1,100 people were tortured and at least 40 died from such abuses—without any demand from the DP to sanction those responsible. This inaction is especially egregious considering Ruiz helped promote the 2013 Anti-Torture Law. The DP has also failed to act ex officio or respond to complaints by organizations like Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia, Justicia Encuentro y Perdón, and the UN Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela.

Nepotism and Lack of Transparency

Ruiz’s administration has been marked by possible nepotism and lack of transparency, violating the Constitution, the Anti-Corruption Law, and the Public Officials’ Code of Ethics. His wife holds a senior position within the same institution. No annual management reports have been published since 2021.

Testimonies from Victims and Human Rights Defenders

The report includes testimonies from relatives of political prisoners, lawyers, and activists, who describe systemic barriers, refusal to accept complaints, veiled threats, and a lack of institutional response. While some regional officials show willingness to act, they are constrained by a centralized structure that obstructs human rights protection.

Contrast with Regional Experiences

The report compares Ruiz’s role to that of Jorge Santistevan de Noriega, Ombudsman of Peru during Alberto Fujimori’s authoritarian regime. Despite a hostile context, Santistevan remained independent, denounced abuses, and strengthened institutional legitimacy—proving that oversight is possible even under authoritarianism.

Central Conclusions

• The Ombudsman’s Office has been stripped of meaning and functions as an appendage of political power.
• Its passivity in the face of grave crimes constitutes a form of institutional violence and may lead to future criminal or administrative liability.
• The current administration has been silent toward victims and vocal in defending the regime, entirely distorting its constitutional role.
• Alfredo Ruiz’s case is emblematic of a regressive transformation—from human rights defender to legitimizer of abuse.

Strategic Recommendations

To Civil Society:

• Document the DP’s inaction and denounce its complicity.
• Educate citizens on international standards like the Paris Principles.
• Build alliances with international bodies to raise awareness.

To the International Community:

• Maintain or further downgrade the DP’s status in bodies like GANHRI.
• Include the DP’s performance in reports and diplomatic pressure mechanisms.
• Protect victims and NGOs that document its omissions.

To a Future Democratic Government:

• Promote a comprehensive reform of the DP, establishing independent appointment mechanisms, audits of past administrations, and sanctions for inaction.
• Rebuild public trust through transparency, consultation, and symbolic reparations.

General Conclusion

• The democratic reconstruction of Venezuela requires rebuilding key institutions like the Ombudsman’s Office. This report is not only a denunciation, but also a vital tool for transitional justice, institutional memory, and accountability in any future democratic restoration process.

Créditos: Este informe fue realizado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.

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