Resumen ejecutivo
El 10 de enero de 2025 ocurrió el hecho más grave para el estado de derecho y la institucionalidad democrática en Venezuela, desde el año 1958: La instalación de un gobierno de facto. Existen 5 razones que indican que la voluntad popular del pueblo venezolano habría seleccionado al candidato Edmundo González como presidente para el período 2025-2031:
- 1) La no divulgación ni publicación de los resultados detallados por estados y mesas electorales, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- 2) Las conclusiones de las dos misiones de observación internacionales, con mayor cualificación técnica, invitadas formalmente por las autoridades venezolanas: El Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas y el Centro Carter.
- 3) Las actas publicadas por la oposición en el sitio web https://resultadosconvzla.com/ y los 895 videos de lecturas de resultados en mesas electorales, posteadas en https://macedoniadelnorte.com/videos.
- 4) Los estudios realizados previamente por 5 importantes encuestadoras del país (Delphos, Poder y Estrategia, Clear Path, ORC Consultores y More Consulting, que daban una clara ventaja del candidato Edmundo González sobre el candidato Nicolás Maduro
- 5) La opinión del presidente chileno, de tendencia izquierdista, Gabriel Boric: “No tengo dudas: en Venezuela se robaron la elección”.
En opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Nicolás Maduro habría implementado una estrategia represiva en tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder: Durante el período preelectoral, durante la propia elección presidencial y la tercera, para responder a las protestas en sectores populares: “incrementando el terror como herramienta de control social”. Desde el 28 de julio 2024 el Estado venezolano ha promovido actuaciones que han sido calificadas por el mayor ente regional en materia de DDHH como “Terrorismo de Estado”. Como un ejemplo de su eficacia, una encuesta realizada por Monitor de Víctimas y Caracas Mi Convive, en octubre 2024, determinó que el 78,1% de los entrevistados sentían miedo al pasar por una alcabala y el 77.56% evitaba colocar contenido político en sus redes sociales por temor. El deterioro de la situación venezolana motivó a que la CIDH aprobara 27 medidas cautelares a víctimas venezolanas, la mayor proporción del año 2024 respecto al resto de los países de la región.
El gobierno ha anunciado la realización de nuevas elecciones para finales de abril 2025. Sin embargo, ha omitido 8 actividades reglamentarias luego del anuncio de los resultados del 28J. La convocatoria a nuevos comicios incurre, también, en varias irregularidades procedimentales. El inicio de un nuevo período gubernamental no da indicios de corregir las políticas que han deteriorado la calidad de vida de la población. En cambio, se insisten en propuestas ideológicas (el Estado comunal) que desestructurarán más la débil institucionalidad existente en el país y su capacidad de dar respuestas a la población. Según la plataforma HUM Venezuela actualmente 20,1 millones de venezolanos, el 70,6% de la población se encuentra en pobreza extrema. Estos números de pobreza son equivalentes a toda la población de Chile y Ecuador, y 5 veces más que toda la población de Uruguay. Aunque los anuncios realizados por el presidente Donald Trump han contenido, de momento, el flujo migratorio, luego de las elecciones del 28J, según Migración Panamá, 411 venezolanos cruzaron cada día la Selva del Darién, en el lapso agosto-diciembre de 2024, para un total de 62.948 personas, equivalente a tres funciones en el Estadio Universitario de Caracas colmados de gente. En las últimas semanas se incrementó la salida de manera forzada de periodistas, sindicalistas, activistas sociales y defensores de DDHH del país.
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento realizó un reporte sobre las violaciones de derechos humanos con un lapso comprendido entre el 10 de diciembre 2024 –un mes antes del acto de juramentación- y el 10 de febrero de 2025 –un mes después. En ese lapso 3 personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos fueron detenidas en el país, siendo el caso más relevante el de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. La defensa de los derechos humanos en el país sufre de importantes restricciones debido a la sinergia entre la potencial aplicación de normativas restrictivas (Ley Simón Bolívar, Reforma de Ley de Comunas y Ley de Justicia de Paz Comunal y la Ley de Fiscalización de ONG) y la progresíva disminución de la cooperación internacional, incluyendo el hito de la abrupta interrupción del apoyo de USAID, que afectará notablemente a portales de información y organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
6 personas fueron detenidas durante el lapso en estudio por mensajes que circularon a través de las redes sociales, incluyendo el caso del sindicalista Juan Valor, detenido por divulgar un video invitando a la manifestación del 09.01.24 y acusado de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad. Dos emisoras (Más Network Coro 97.9 fm y Criolla 100.7 FM de Bolívar) y un programa de radio (“Profundidad de Campo, conducido por Augusto Hernández) fueron clausurados por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Durante las manifestaciones del 09.01.25, según datos de Ipys Venezuela, se registraron 4 detenciones arbitrarias y 6 agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. Al cierre de este reporte, según el Colegio Nacional de Periodistas, se mantienen privados de libertad 11 periodistas y trabajadores de la prensa. A los bloqueos conocidos al contenido de redes sociales se suma el bloqueo a la red social TikTok.
Sobre la actuación de los grupos de civiles armados (Colectivos), el día 09.01.25 se registraron 21 incidentes distribuidos en 11 estados del país. Según opinión de analistas las autoridades estarían creando sus propios grupos civiles de choque, a través de las llamadas “Unidades Populares para la Paz” (UPPAZ).
Durante los 63 días de cobertura del informe habrían ocurrido, al menos, 138 detenciones arbitrarias por razones políticas, 116 hombres y 22 mujeres. El Distrito Capital fue el estado con mayor cantidad de detenciones (23), seguido por Zulia (19) y Trujillo (18). Se registraron detenciones en 19 estados del país. Esta cifra sugiere que cada día, desde el 10 de diciembre de 2024, se detienen a dos personas en el país por razones políticas, una cada 12 horas. Uno de los casos emblemáticos presentes en el informe es el de Enrique Márquez. Por otra parte, tres personas fallecieron bajo custodia del Estado: Jesús Martínez, Jesús Álvarez y Osgual González. Alrededor del 10 de enero se afianzó el patrón de detenciones selectivas, que intentan mandar un mensaje ejemplarizante al resto de la población. Según expertos consultados, el único patrón novedoso y consolidado alrededor del acto de juramentación sería la detención de extranjeros para intentar forzar una negociación bilateral con sus gobiernos.
Aunque es un patrón para la mayoría de los casos y los familiares les da temor visibilizarlo, durante el lapso se registraron 27 denuncias sobre desaparición forzada de corta duración contra personas privadas de libertad por razones políticas. También se registró una ejecución extrajudicial presuntamente por motivaciones políticas, el del teniente del ejército Jean Carlos Amarante Zárraga, asesinado el 29.01.25. A través del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) familiares han denunciado torturas y tratos inhumanos y crueles contra sus seres queridos privados de libertad. Destaca el caso de Jesús Armas, detenido por efectivos encapuchados del Sebin. Durante su reclusión habría sido torturado bajo asfixia mecánica en una casa clandestina de Santa Mónica, Distrito Capital.
El informe destaca la situación en el interior del país poniendo foco en el estado Yaracuy, donde ocurrieron 8 detenciones arbitrarias por razones políticas los días 8 y 9 de enero 2025. La ausencia de movilizaciones por la democracia en esa entidad se explica por la movilización oficialista durante esos días, a partir de las llamadas “Unidades Populares por la Paz” (UPPAZ). Frente a esta situación la población ha realizado concentraciones de naturaleza religiosa.
El informe incluye testimonios de personas excarceladas sobre condiciones de reclusión, así como de periodistas y defensores de derechos humanos obligados a exiliarse. Puede consultar el documento completo en:
Créditos: Este informe fue realizado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.
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