Resumen ejecutivo
El 29 de julio de 2024 quedará marcado en la historia reciente de Venezuela como un día de resistencia popular. Lo que comenzó como una jornada de indignación ante el fraude electoral del 28J, se transformó en una explosión de protestas espontáneas y descentralizadas que culminaron con la vandalización de nueve estatuas de Hugo Chávez en distintos puntos del país. Este acto simbólico, protagonizado principalmente por sectores populares, no fue un simple acto de vandalismo, sino una respuesta contundente al biopoder bolivariano que por años ha buscado controlar la vida de los venezolanos.
El concepto de «biopoder», acuñado por el filósofo Michel Foucault, sirve como marco para entender cómo el Estado venezolano ha utilizado políticas públicas, como la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), no como herramientas para garantizar derechos, sino como mecanismos de control social y territorial. Estas políticas, junto con la estatización de espacios públicos y la precarización del transporte, han sido parte de una estrategia para mantener el dominio sobre la población, especialmente en los barrios y zonas populares.
Sin embargo, el 29J demostró que donde hay biopoder, hay resistencia. Las protestas, organizadas de manera horizontal y difundidas a través de redes sociales como WhatsApp, fueron lideradas por ciudadanos comunes, muchos de ellos habitantes de zonas tradicionalmente controladas por el chavismo. La destrucción de las estatuas de Chávez, ubicadas en plazas y urbanismos emblemáticos, se convirtió en un acto de desafío simbólico contra la narrativa hegemónica del régimen.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Con una represión feroz, las autoridades detuvieron a decenas de personas, muchas de ellas acusadas de participar en el derribo de las estatuas. Además, se desplegó una campaña de desinformación para criminalizar a los manifestantes, tildándolos de «fascistas» y «drogados». Funcionarios del gobierno incluso utilizaron aplicaciones como Venapp y grupos de WhatsApp para identificar y denunciar a supuestos responsables, lo que evidenció el uso de herramientas tecnológicas como parte del aparato de control biopolítico.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Diovanny José Romero Nava, un joven detenido en Coro, estado Falcón, acusado de participar en el derribo de la primera estatua de Chávez. Su esposa denunció que fue detenido sin pruebas contundentes y que presentaba heridas de perdigones. Este caso, junto con otros, refleja la crudeza de la represión y la determinación del gobierno por castigar cualquier acto de disidencia.
Pero más allá de la represión, el 29J dejó en evidencia una ruptura profunda entre el chavismo y sus antiguas bases de apoyo. La destrucción de las estatuas no fue solo un acto de ira, sino una declaración política: los sectores populares ya no se sienten representados por el proyecto bolivariano.
Este informe, elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, busca mantener viva la conversación sobre lo ocurrido el 29J. No se trata solo de recordar un día de protestas, sino de entenderlo como un hito en la lucha por la democratización de Venezuela. La resistencia al biopoder bolivariano, encarnada en la caída de las estatuas de Chávez, es un llamado a la acción y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la dignidad y la lucha por los derechos humanos nunca se extinguen.
Créditos: Este informe fue realizado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.
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